Posición (9‐I‐2015) de la RSEF ante la situación actual de la investigación y la ciencia en España

La Real Sociedad Española de Física, tras constatar el progresivo deterioro del sector público investigador en los últimos años, alerta sobre la urgente necesidad de adoptar una serie de medidas que eviten que el futuro de la I+D española, y de la ciencia en general, queden seriamente comprometidos.

Santander, 19 de enero de 2015.-   La  ciencia  en  España  ha  mejorado  notablemente  en  los  últimos  decenios, abarcando  cada  vez  más  áreas  de  conocimiento  y  elevando  su  nivel  de excelencia.  Sin  embargo  ese  progreso,  que  tanto  esfuerzo  ha  costado  a  la sociedad  española  y  a  sus  científicos,  ha  ido  debilitándose  paulatina  y gravemente en los últimos años, con la crisis económica como telón de fondo.   

 
Así, desde el año 2008, ha tenido lugar un apreciable descenso del porcentaje del PIB dedicado a la investigación y desarrollo (I+D). Según el Instituto Nacional de Estadística, se ha pasado del 1’39% del PIB dedicado a la I+D en 2008 (14.701 millones  de  euros)  al  1’24%  en  2013  (13.052  millones).  Esto  implica  una disminución  en  torno  al  10%  del  importe  global  dedicado  a  la  I+D  en  claro contraste con la media europea. Ésta se encuentra en torno al 2’4% del PIB, porcentaje que debería seguir creciendo según los acuerdos de Lisboa con el objetivo de llegar al 3% en 2020. Estas cifras muestran que aunque la I+D nunca fue una prioridad nacional (las prioridades las determinan los porcentajes, no las cifras  absolutas),  hoy,  con  la  crisis,  lo  es  mucho  menos.  Sin  embargo,  es importante  desglosar  de  estas  cifras  globales  del  INE  las  cantidades  que  el propio  Estado  destina  directamente  a  la  investigación.  Para  2015,  la  cifra  total presupuesta a  (‘Política  de  Gasto  PG46  del  Proyecto  de  los  Presupuestos  Generales’,  véase  el  informe  COSCE)  es  de  6.407  millones  (de  ellos,  5.680 dedicados  a  la  investigación  civil).  De  esos  totales,  sólo  2.406  millones  (2.243 para  investigación  civil)  son  ‘a  fondo  perdido’  es  decir,  destinados  al  fomento directo  de  la  investigación.  Un  análisis  más  detallado  de  esta  parte  ‐la  no financiera‐  muestra,  además,  que  las  reducciones  que  incluye  respecto  del máximo  de  2009  de  los  distintos  sectores  es  superior  al  30%  y  que,  en  alguna  de ellos,  ronda  el  40%;  por  ejemplo,  los  Organismos  Públicos  de  Investigación  (los OPIs:  CSIC,  CIEMAT,  INTA,  etc)  han  sufrido  una  disminución  global  de  un  35%. Más  aún,  lo  importante  es  lo  finalmente  ejecutado,  no  lo  presupuestado,  lo  que año  tras  año  y  desde  siempre  se  ha  traducido  en  importe antes  reducciones adicionales.  Así  pues,  y  con  independencia  de  la  crisis,  esas  cifras  supone en  el abandono  por  parte  del  Estado  del  papel  estratégico  que  le  corresponde  como  incentivador  de  la  investigación  y  del  desarrollo  tecnológico  e  industrial  español,  con  la  falta  de  visión  de  futuro  que  ello  implica.  Y  cabe  incluso  argumentar  que,  precisamente por la crisis, tal política es errónea.  
 
Como  consecuencia  inmediata  de  las  sucesivas  reducciones,  los  jóvenes   científicos  se  ven  gravemente  afectados  por  la  falta  de  oportunidades,  de  igual  modo  que  la  siguiente  generación  lo  estará  por  las  consecuencias  del  daño  que hoy se causa a la I+D. En tal sentido, la reducida o casi nula tasa de reposición en el  empleo  público  vinculado  a  la  I+D,  que  afecta  a  las  Universidades  y  a  los  OPIs (como  el  CSIC),  está  produciendo  una  emigración  de  investigadores  jóvenes (emigración  definitiva;  no  nos  referimos  aquí  a  las  imprescindibles  estancias  temporales  de  perfeccionamiento  en  el  extranjero)  que  España  no  se  puede permitir.  Además,  las  previsiones  de  conseguir  fondos  europeos  del  programa  Horizonte  2020  no  se  podrán  cumplir  sin  una  sólida  planificación  de  los  recursos  organizativos,  humanos  y  financieros  de  nuestro  sistema  de  I+D.  Los  efectos  serán  todavía  más  devastadores  a  medio  y  largo  plazo,  pues  quedan  comprometidos tanto numerosos proyectos científicos y tecnológicos en marcha  como  el  inicio  de  otros  nuevos.  Esa  política  de  errónea  austeridad  daña,  cuando no  destruye,  el  todavía  frágil  sector  investigador  e  innovador  español,  que  debe competir  no  sólo  con  países  industrializados  de  gran  tradición  científica,  sino también  con  países  emergentes  que,  con  más  visión,  están  invirtiendo masivamente en I+D.  
 
A la luz de estas consideraciones, la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Española de Física considera necesario reiterar, como ya lo hizo en Abril de 2012, la necesidad de:  
 
1. Reforzar  el  Plan  Nacional  de  I+D,  esencial  para  evitar  el  progresivo deterioro de la investigación española.   
 
2.  Reactivar sin demora la oferta pública de empleo en I+D. Los organismos públicos de investigación y las universidades están debilitadas tras varios   años de drásticas reducciones de presupuestos y número de plazas. El  gran envejecimiento de profesores e investigadores acarrea, además, una  importante pérdida de la competitividad y compromete el futuro.  
  
3. Dar  la  oportunidad  para  que  el  sistema  español  pueda  absorber  los  investigadores competentes ya formados (en particular, los seleccionados  por  el  programa  Ramón  y  Cajal)  que  superen  la  correspondiente  evaluación, incluyendo los expatriados. De otro modo, numerosas líneas  
de investigación punteras, a menudo introducidas por españoles que han  regresado a España tras ampliar su formación científica en el extranjero, quedarán  abandonadas.  Incluso  juzgada  exclusivamente  en  términos económicos, la actual fuga de cerebros supone un despilfarro.   
  
4. Cuidar el capítulo de formación y contratación de jóvenes investigadores abriendo regularmente nuevas convocatorias de contratos pre‐doctorales  y de los programas nacionales Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, así como  otros posibles en las Comunidades Autónomas y los organismos públicos  de investigación.  
 
5. Considerar  la  posibilidad  de  fortalecer  y  flexibilizar  las  estructuras actuales, por ejemplo, añadiendo alternativas a la vía funcionarial en la investigación y mejorando la selección de profesores e investigadores.   
 
6. Crear la esperada Agencia Nacional de Investigación, independiente de los vaivenes políticos.  
 
7. Instar a la Administración a que reanude los pagos de las cuotas de las Uniones Científicas Internacionales, como la IUPAP (International Union of Pure  and  Applied  Physics)  o  el  ECT*  (European  Center  for  Theoretical Studies in Nuclear Physics and related areas) que conciernen a la física, y   otras análogas, pagos sobre los que ya ha manifestado su intención de interrumpirlos indefinidamente.  
 
8. Concienciar a la sociedad española de lo imprescindible de la investigación  para  competir  eficazmente,  e  incentivar  más  proyectos  de  I+D+i  en  empresas públicas y privadas.   
  
Si no se toman medidas urgentes, el progresivo deterioro del sistema público  español de I+D tendrá consecuencias funestas. La actual pérdida de jóvenes investigadores  requerirá  otra  generación  para  compensarla,  y  ello  sólo  si  se  actúa  sin  demora.  Es  preciso  cambiar  progresivamente  el  actual  modelo productivo (con tecnología importada que hay que pagar) a uno que disminuya  la dependencia de España de la I+D+i exterior, para lo que es esencial potenciar  la investigación nacional y, en particular, no perder el extraordinario capital que representan los investigadores más jóvenes. Resultaría especialmente grave que se continúe reduciendo el capítulo del personal científico joven, indispensable para poder garantizar el relevo y el futuro de la I+D española.   
 
Por  las  razones  expresadas,  esta  Real  Sociedad  Española  de  Física  desea  manifestar que es imprescindible incrementar urgentemente la inversión estatal  en el sistema de I+D español. De este modo, además, se contribuirá a superar la  presente  crisis  no  sólo  coyunturalmente,  sino  sentando  las  bases  de  una estructura científica y tecnológica duradera, que permita desarrollar en España una economía mucho más sólida y más competitiva.    
  
Deseamos concluir recordando unas palabras de José de Echegaray y Eizaguirre,  quien fue Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, muy ilustre matemático,  Premio Nobel de Literatura (1904) y, no menos importante, el primer Presidente  (1903)  de  nuestra  Sociedad.  Pues  bien,  cuando  Echegaray  era  Ministro  de  Hacienda en 1884, en los albores del regeneracionismo español hoy de nuevo  tan necesario, afirmó: “¿Cómo he de negarme a las reformas? ¿Cómo he de  negar que la instrucción pública las necesita muy grandes? Si lo poco que yo soy  se lo debo a mi amor a la ciencia, ¿cómo he de negarme a que el Ministerio de  Instrucción  Pública  invierta  grandes  sumas,  si  con  la  ciencia  lo  son  todo  las  naciones modernas, y la nación que no cultiva la ciencia, que no da sabios al  
mundo, es una nación que vive vida miserable y muere muerte vergonzosa?”  
 
Hoy, más de siglo y cuarto después, nos identificamos con la visión de nuestro  primer Presidente: España necesita más ciencia, financiación y reformas. Que  hagan suyas sus palabras, también, quienes actualmente tienen la capacidad y  creemos la obligación‐ de cambiar el presente estado de cosas.  
 
Aprobado por unanimidad en la Junta de Gobierno de la RSEF  del 9 de Enero de 2015 
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